En su segundo discurso presidencial, el presidente Biden abordó lo que se ha calificado como el problema más grave que la Administración y Control de Drogas (DEA) ha visto en décadas y, sin duda, el problema más urgente del país: la crisis de los opioides y, más concretamente, la afluencia de fentanilo a Estados Unidos.

Más de 107.000 estadounidenses murieron por sobredosis de drogas en 2021 debido principalmente al fentanilo, que se produce y se introduce de contrabando en EEUU desde México, principalmente por el cartel de Sinaloa.

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El presidente habló con pasión sobre las jóvenes vidas que se pierden a causa de la drogadicción y el fentanilo. Se comprometió a acabar con el tráfico, la distribución y la venta de fentanilo y sustancias afines, y elogió al Servicio de Aduanas y Protección de Fronteras por haber incautado casi 118.000 kilos de drogas ilícitas, entre ellas casi 6.800 kilos de fentanilo.

En un momento dado, una voz de la sección republicana gritó «Es tu culpa», una clara referencia a lo que muchxs miembros del Partido Republicano consideran políticas fronterizas poco estrictas de Biden y un tropo de la era Trump que relacionaba el tráfico de drogas con los inmigrantes.

Biden pasó a exponer lo que él y su gobierno pretenden hacer, que incluye impedir que se envíen más paquetes a EEUU con fentanilo y los materiales utilizados para fabricarlo. Señaló que lxs traficantes utilizan paquetes pequeños, difíciles de rastrear, ocultos entre los millones que se envían diariamente a través de empresas comerciales de reparto.

Biden habló de expandir el acceso a la prevención, la reducción de daños y tratamientos basados en pruebas.

Pero, ¿es suficiente?

Maritza Pérez Medina, directora de la Oficina de Asuntos Federales de la Drug Policy Alliance, respondió. «Nos alegra ver que el presidente Biden sigue pidiendo un mayor acceso a tratamientos basados en pruebas, reducción de daños y servicios de recuperación. Sin embargo, su apoyo por penas más severas para las sustancias relacionadas con el fentanilo dará lugar a una aplicación más amplia de las penas mínimas obligatorias y perjudicará desproporcionadamente a las comunidades negras, latinas e indígenas».

Y añadió: «También es increíblemente contraproducente y no reconoce cómo hemos llegado a este punto. La pérdida de más de 100.000 de nuestros seres queridxs al año por sobredosis evitables no se debe a la falta de aplicación de la ley, sino que es un resultado directo de ella».

Pérez Medina señaló que, al instar al Congreso a incluir todas las sustancias relacionadas con el fentanilo en la Lista I sin haberlas sometido a pruebas e investigaciones completas, el presidente está creando las condiciones para un mercado de drogas más arriesgado. En consecuencia, da marcha atrás en su compromiso con reformar la justicia penal y buscar tratamientos terapéuticos para hacer frente a la epidemia de sobredosis.

«En lugar de políticas más punitivas, es hora de que adoptemos medidas científicas y de salud pública, como la Ley TEST del senador Booker, que requeriría que el gobierno federal comience a probar e investigar estas sustancias, informe de sus hallazgos y elimine de las listas de drogas las que resulten ser inofensivas», dijo Pérez Medina.

«En pocas palabras, es imposible salvar vidas si ni siquiera sabemos lo que hay en el suministro de drogas o tenemos el conocimiento y las herramientas para revertirlo».