Colegio de Abogados interpone querella por traspaso fraudulento de 92 millones de Mt2 del Parque Jaragua en Pedernales
CARD Asegura que Sigmund Freund director de Alianzas Publico Privadas habría firmado contrato de entrega dolosa de dichos terrenos del Estado Dominicano.
Santo Domingo. El Colegio de abogados depositó este martes, ante la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA), una querella por DESPOJO FRAUDULENTO DE 92 MILLONES DE METROS CUADRADOS cedidos fraudulentamente, dentro del PARQUE NACIONAL JARAGUA, y como parte de la Parcela 40, DC. 3, Enriquillo, Barahona, propiedad del ESTADO DOMINICANO; en favor de OCEANUS INVESMENT, S.R.L., representada por el español José María de Pereda Fernández;
Mediante instancia depositada por ante la Procuraduría Especializada contra la Corrupción (PEPCA), se solicita investigar el contrato suscrito por SIGMUND FREUND, en representación del ESTADO DOMINICANO, y de la DIRECCIÓN GENERAL DE ALIANZAS PUBLICO PRIVADAS, de fecha 28 de octubre del 2021, mediante el cual renunciaban a todos los derechos que pudiera tener el Estado Dominicano sobre dicha Parcela; A pesar de existir Sentencia del 22 de abril de 2018, emitida por el juez del Tribunal de Tierras de Barahona, Juan Domingo Méndez Quezada, que RECONOCIÓ LOS DERECHOS DEL ESTADO DOMINICANO en la PARCELA 40 DEL DISTRITO CATASTRAL NO. 3, DEL MUNICIPIO DE ENRIQUILLO, PARQUE JARAGUA, según denuncia del jurista Miguel Surum Hernández, presidente del Colegio de Abogados.
“Esto se trata de un grave hecho donde funcionarios públicos falsean fraudulentamente los hechos para favorecer a un empresario español, legitimando títulos de propiedad producto de fraude en perjuicio del pueblo dominicano y del Parque Jaragua” manifestó Miguel Surum Hernández.
Aseguró que los hechos se constituyen en falsedad en perjuicio del Estado Dominicano, estafa agravada, coalición de funcionarios y asociación de malhechores previstos y sancionados en los artículos 123, 124, 147, 148 175, 176, 265, 266, 405 406 del Código Penal de la República Dominicana.
Advirtió que los desistimientos suscritos fraudulentamente en perjuicio del Estado, carecen de validez, por lo que dicho inmueble es propiedad inalienable del pueblo dominicano.
